El pasado viernes a través de la Gaceta Oficial de Venezuela número 41.834, salió publicado el Decreto 4.151, donde se establecen las normas que regulan el registro del impacto negativo que ha generado las “medidas coercitivas y unilaterales” del gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra el país país.

Este registro es creado con el objetivo de, aportar datos “para acopiar la información relacionada con los daños generados, el cual será administrado por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República“, reseña el portal web del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Venezuela.

El decreto establece que las autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, deben entregar un un informe detallado y debidamente sustentado de los daños causados por las medidas coercitivas unilaterales, a la Vicepresidencia de la República.

“Acompañado de la base de cálculo utilizada para determinar la cuantía de los daños económicos y de los documentos que demuestren el impacto negativo”, asevera.

Seguidamente se insta a que, se conforme en las instituciones públicas una unidad o departamento encargado permanente para recabar, analizar, calcular; además de registrar los daños causados por las medidas unilaterales y los documentos que sirvan de respaldo.

A los efectos el Decreto “se considera como impacto negativo generado por las medidas coercitivas unilaterales todas aquellas afectaciones al normal y cotidiano desempeño de las labores encomendadas a las instituciones del Estado, que puedan ser atribuidas, directa o indirectamente, a cualquiera de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, los Estados que integran la Unión Europea o cualquier otro Estado extranjero”, define el instrumento jurídico.

El pasado 13 de febrero, el Gobierno Nacional presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia para que se investiguen los delitos cometidos contra la población por parte del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

Con información de Globovisión